Policias acusados por el crimen de Lucas González.
El fiscal de la causa por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en el barrio porteño de Barracas, pidió este sábado que los tres policías detenidos por el crimen sean procesados con prisión preventiva por homicidio agravado por placer, informaron fuentes judiciales. Se espera el pedido del fiscal sea resuelto por el juez Del Viso el próximo lunes.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió al juez Martín Del Viso procesar con prisión preventiva a Isassi, López y Nievas como coautores del "homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial", en perjuicio de Lucas, y "tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos agravantes", respecto de los sobrevivientes, y en concurso real con "falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional".
El pedido del fiscal de instrucción 32 Leonel Gómez Barbella recayó sobre el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes prestaban servicios en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad al momento del asesinato del futbolista.
"Quien mata por "placer", no es necesario que obre del modo como da idea la palabra impulso; puede actuar lenta y premeditadamente. Sólo es necesario que la acción sea inspirada por un placer antinatural en la destrucción de una vida humana como lo fue con la de Lucas y trató de serlo con sus amigos. No es indispensable que el placer sea el único factor que concurra para impulsar la acción", explicó Gómez Barbella en cuanto a este agravante en su resolución de 21 páginas a la que tuvo acceso Télam.
En cuanto al pedido de prisión preventiva, argumentó que "tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos", como así también tuvo en cuenta la "gravedad" de los hechos y la pena en expectativa.
En su dictamen, Gómez Barbella consideró que "la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho".
